Con información de Gabriel Reyes,

publicada en www.juarezhoy.com.mx

A nueve años de los hallazgos de ocho cuerpos de jovencitas en los campos algodoneros que se encuentran en la intersección de avenida Ejército Nacional y paseo De la Victoria, organizaciones derechohumanistas colocaron ofrendas florales, además de llevar a cabo una protesta contra todos los niveles de gobierno porque no han cumplido con los puntos establecidos en la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La diputada federal Adriana Terrazas Porras, integrante de la Comisión Especial para dar seguimiento a los Feminicidios, estuvo presente y además de participar en el acto solemne, habló a los medios respecto al tema.

Señaló que buscarán se le dé cabal cumplimiento a la sentencia dictada hace casi un año, donde se responsabiliza al Estado mexicano de violaciones a los derechos humanos de niñas y adolescentes que han sido asesinadas en esta frontera.

La legisladora priísta explicó que al gobierno Federal le corresponde entregar una indemnización a las familias de las víctimas de este caso; al gobierno del Estado, construir el memorial, y al Ayuntamiento le toca donar el predio donde habrá de edificarse.

“Esperamos que en breve se inicie la consulta para determinar el lugar y la manera donde pondrá el memorial, que deberá estar listo antes del 10 de diciembre”, agregando que lo más probable es realizarlo en el sitio del hallazgo, por lo cual habrán de realizarse algunos trámites legales.

Comentó que el gobernador César Duarte Jáquez giró instrucciones desde los primeros días de su gobierno para poder cumplir con la resolución y se han mantenido en coordinación con la Federación para tal efecto.

En el evento también estuvieron presentes las diputadas Teresa Incháustegui, Antonieta Pérez y Teresa Guadalupe Reyes, además de representantes de organismos no gubernamentales (ONG).

Familiares de las víctimas responsabilizan a las tres esferas de gobierno por la desaparición y muerte de sus hijas y por todas las que siguen ocurriendo con mujeres de distintas edades en esta frontera, ya que no han puesto en práctica políticas públicas encaminadas a erradicar los feminicidios y cualquier crimen de género.

A las madres de las víctimas encontradas en ese sitio se han unido familias de otras jóvenes desaparecidas o asesinadas, que luchan porque se haga justicia.

La diputada perredista Teresa Incháustegui Romero, señaló que la indemnización no llega siquiera a igualar lo que se gasta el área de Comunicación Social de la Presidencia de la República, pues asciende a 13 millones de pesos.

Subrayó que tanto la disculpa pública, como el monumento y la indemnización son cosas simbólicas, pero falta la cuestión de fondo que es la verdadera reparación del daño, consistente en la investigación de los hechos y la procuración de justicia encontrar y  castigar a los culpables, así como a las autoridades que no cumplieron con su deber.

Informó que hay una cifra fluctuando entre 2 mil y 2 mil 500 mujeres muertas en homicidios dolosos por año, y Ciudad Juárez continúa con un gran número de casos.